Desde enero de 2025, cambiará significativamente el panorama para las empresas que realizan la importación de maquinaria en Ecuador debido a ajustes en el ISD. Este impuesto, anteriormente deducible como crédito tributario para el pago del Impuesto a la Renta (IR), ahora será una carga adicional. La decisión se deriva de un fallo reciente de la Corte Constitucional que elimina este beneficio fiscal.
El cambio implica que la tarifa del ISD para la importación de maquinaria y bienes de capital se mantendrá en el 5%, pero sin la posibilidad de deducirlo como crédito tributario después del 31 de diciembre de 2024. Esto afectará directamente el costo de adquisición de equipos y otros bienes necesarios para la producción industrial. Aunque el decreto presidencial del 1 de diciembre de 2023 establece una tarifa reducida del 2,5% para la importación de materias primas a partir de abril de 2025, esta reducción no incluye a los bienes de capital, lo que impacta directamente a quienes trabajan con maquinaria importada.
Para los empresarios, esto representa un incremento real en sus costos operativos. Por ejemplo, importar una máquina valorada en USD 50.000 generará un costo adicional de USD 2.500 por ISD. Este monto no será reembolsable, lo que añade presión financiera. Las empresas que buscan modernizar su infraestructura o ampliar su capacidad productiva sentirán el impacto de este nuevo costo.
Desde el sector privado, la Cámara de Comercio de Guayaquil advierte que estas medidas encarecen la producción, distorsionan precios y desincentivan la inversión. Este gremio señala que el ISD, creado en 2008 con fines fiscales, se ha transformado en un impuesto perjudicial para la competitividad del sector productivo. Además, afirma que este impuesto extrae más de USD 1.000 millones anuales del sector privado.
Ante este escenario, importadores y productores enfrentan el desafío de absorber el impacto del ISD mientras buscan estrategias para mantener su competitividad en un mercado globalizado. La Cámara de Comercio de Guayaquil propone dos soluciones principales: reintroducir el crédito tributario para bienes afectados o eliminar completamente el ISD. Estas medidas ayudarían a reducir la carga sobre las empresas y a fomentar un entorno más propicio para la inversión y el crecimiento económico.
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