El Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) ha sido un tema recurrente en el debate sobre la competitividad de los sectores productivos en Ecuador. Desde su implementación, esta medida ha sido vista como un obstáculo que encarece los costos de producción y afecta la sostenibilidad de las industrias locales. La normativa permitía usar lo pagado por este impuesto como crédito tributario en bienes esenciales. Sin embargo, su inconstitucionalidad ahora genera incertidumbre para los próximos años.
En 2011, la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado introdujo esta disposición, beneficiando a más de 3,800 subpartidas de productos esenciales. Esto representó un alivio significativo para las empresas que dependen de insumos importados. Sin embargo, con la decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucional esta ley, su vigencia se extinguirá a finales de 2024. La expectativa ahora recae en el Ejecutivo, que tiene hasta esa fecha para proponer una nueva normativa que cubra los vacíos legales.
El anuncio del gobierno sobre la reducción temporal del Impuesto a la Salida de Divisas a 0% durante los primeros tres meses de 2025 y su posterior incremento al 2,5% ha generado reacciones mixtas. Por un lado, esta reducción inicial podría aliviar momentáneamente los costos para los sectores productivos. Por otro lado, el aumento subsiguiente a 2,5% podría tener un impacto económico significativo. Los gremios empresariales señalan que esta medida no aborda las necesidades reales de las industrias locales y parece responder más a fines recaudatorios que a una estrategia para fortalecer la competitividad del país.
Sectores como el Cluster Bananero expresan preocupación por el aumento de costos operativos. Esto podría reducir la capacidad de competir en mercados internacionales. En el contexto actual de crisis económica y social, el ISD se convierte en un obstáculo más para los productores que ya enfrentan grandes desafíos.
El gobierno tiene la responsabilidad de presentar una solución definitiva antes de que finalice el plazo establecido. Esto implica considerar el impacto de cualquier medida sobre los sectores productivos y buscar alternativas que realmente promuevan el desarrollo económico sostenible. El gobierno podría evaluar propuestas como eliminar totalmente el ISD o introducir incentivos fiscales como alternativas viables.
En este contexto, es fundamental que los sectores productivos, los gremios y el gobierno trabajen de manera conjunta para diseñar una estrategia que equilibre las necesidades fiscales con la competitividad industrial. Solo a través de un diálogo abierto y transparente será posible encontrar soluciones que beneficien a todos los actores involucrados.
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